“El Arquitecto que buscaba evadirse de toda problemática social por vía de la Arquitectura se encierra en su estudio y, la misma Arquitectura,
le devuelve la imagen de esa problemática y lo impulsa al compromiso”.
Antologías Pedagógicas. TUPAU. 1967
El avance arrebatado del neoliberalismo nos impone una lucha coyuntural que nos compromete a la defensa más elemental de la universidad pública: resistencia contra su privatización y/o arancelamiento, contra los recortes de su presupuesto y por paritarias que posibiliten sostener salarios dignos para todos los trabajadorxs, docentes y no docentes, rechazando los incrementos miserables ofrecidos por los CEOs de la oligarquía.
Esto no debe desconcentrarnos del combate determinante que deberemos enfrentar en nuestro próximo gobierno nacional y popular: el completo desmantelamiento de la reproducción de las pautas e intereses de la estructura social dominante que se promueve y consolida desde nuestras universidades. La educación universitaria se conforma en función de la imposición de modelos que legitiman su propio modo de vida como el único posible, o mínimamente, el más apropiado para el resto de la sociedad.
En este sentido debemos ser capaces de transformarnos en un auténtico bastión de resistencia para proponernos la generación de espacios que habiliten poner en crisis los modelos académicos universalizados por la clase dominante. Y para esto debemos crear ámbitos que posibiliten la vinculación de la Universidad con las organizaciones sociales y con el territorio.
Por ende, resulta imprescindible modificar el estatuto universitario. El año pasado celebramos el centenario de la reforma universitaria y este año, el 70 aniversario del Decreto 29.377 de 1949, de eliminación de aranceles universitarios del presidente Juan D. Perón, que permitió el acceso irrestricto a los hijxs de trabajadorxs. Hoy se hace menester la urgente actualización del estatuto a las nuevas y permanentes necesidades que presenta la comunidad que la sostiene. La Universidad debe emerger de la insularidad en la que está inmersa para poder responder a las demandas del pueblo.
La Universidad debe incorporar a las organizaciones de la comunidad en su gobierno. No puede ser un acuerdo cerrado de un padrón docente que se concursa de acuerdo a las propias necesidades de sostenerse en el gobierno, en una pantomima de democracia. Ni siquiera tenemos abierta la posibilidad de que concursen, con perspectivas ciertas, nuestras mujeres profesionales. Las cátedras están destinadas, prestidigitadas con minucioso designio divino, exclusivamente a varones partidarios de un pequeño manojo de adherentes a Cambiemos. La UBA ha institucionalizado esta metodología perversa de democracia mezquina, servil a los designios de los mismos de siempre.
En estricta asintonía, nosotros pretendemos que nuestras mujeres puedan acceder a las cátedras y nuestras organizaciones sociales, barriales, vecinales, sindicatos, etc., puedan estar representándonos en el gobierno universitario, sosteniendo su autonomía pero arraigándola en las condiciones que demandan las necesidades populares.
A modo de ejemplo: en nuestra FADU se construye prácticamente (salvo contadas y honrosas excepciones) un único perfil profesional: el arquitecto/diseñador liberal, “lápiz de oro”, sujeto pasivo a la espera del cliente de las clases más acomodadas para responder, con su irresistible labor creativa, a sus veleidades o a la codicia frenética del mercado inmobiliario. Nos debemos la tarea de preparar arquitectos predispuestos para otros horizontes, por ejemplo, para trabajar en la función pública en sus tres niveles: Municipios, Provincias y Nación. Sólo desde el Estado se puede consolidar la construcción colectiva de una ciudad inclusiva y solidaria.
Entendemos que la experiencia pedagógica más productiva es la que se fundamenta en el conocimiento e involucramiento de la universidad en la realidad para ofrecer respuestas a las necesidades de la comunidad a la cual pertenece, siendo necesario resignificar la arquitectura y rediseñar las ciudades con un horizonte de inclusión y convivencia. Por lo tanto, suena bastante absurdo que se propongan nuevos planes de estudios sin revisar la admirable experiencia realizada por el movimiento estudiantil, (en especial por CENAP y TUPAU) y el Taller Nacional y Popular, desde fines de los ’60 hasta la intervención de 1974, plasmada en la Antologías Pedagógicas.
Por lo tanto proponemos llevar el trabajo académico a los barrios con las organizaciones sociales y territoriales, integrando saberes populares y académicos, reflexionando acerca de las metodologías ya desarrolladas para proponer nuevas alternativas superadoras de prácticas territoriales participativas, comprometiéndonos en esa realidad para actuar directamente en su mejoramiento.
Entendemos que las cátedras de grado, centros de investigación, maestrías y carreras de especialización deben vincularse mediante convenios a los municipios para capitalizar el enorme esfuerzo que se desarrolla cada año en propuestas concretas puestas al servicio de las necesidades del territorio. La Universidad se puede permitir tiempos de proyectos que exceden los plazos acuciantes de formulación dentro del Estado, tomando demandas que pueden ser resueltas a mediano y largo plazo o desarrollando proyectos participativos que requieren flexibilizar las urgencias para adecuarse a los tiempos que requieren los acuerdos entre múltiples actores e intereses.
Asimismo proponemos concretar las pasantías de formación en el Estado, no perdamos de vista que la UBA también ES el Estado. Sugerimos un trabajo gradual y ordenado, que deberá comenzar por algunas cátedras, centros y maestrías para profundizar en la incorporación progresiva de toda la FADU.
Debemos empezar a formularnos como sujetos activos de nuestras comunidades, estando donde realmente se necesita, dejando de priorizar la lógica privada por sobre la pública, en una dinámica más horizontal y colaborativa del diseño, entendiendo a la arquitectura exclusivamente como un hecho colectivo en diálogo ineludible con otras disciplinas. La facultad debe ser formadora de pensamiento crítico, opinando sobre la política estatal pero involucrada en sus acciones.
El proceso debe desembocar en la urgente transformación de los planes de estudio, sosteniendo y multiplicando las incumbencias actuales, que habiliten la construcción de herramientas para trabajar con el horizonte del derecho a la ciudad y a la belleza para todas y todos, la imprescindible democratización de los territorios y el acceso popular a la tierra y a la vivienda digna, vinculando el trabajo universitario con proyectos gubernamentales.
En estricta síntesis, la universidad también deberá ser nacional, popular, democrática y feminista.
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